Informe Jurídico sobre la directiva de SGAE

 

El primer fin de semana de julio nos ha sorprendido con la noticia del registro de la sede de la Sociedad General de Autores y Editores por parte de la Guardia Civil con la consecuente detención de varios miembros de la directiva de dicha entidad de gestión de los derechos de los autores músicos, dramáticos y audiovisuales, para posterior declaración ante la Audiencia Nacional. El Juez Ruz ha emitido el domingo 3 de Julio de 2011 por la tarde un auto en el que tras examinar la documentación del caso y tomar declaración al Presidente del Consejo de Dirección de SGAE (Eduardo Bautista), al Director General de SGAE (Enrique Loras) al Director Financiero de SGAE (Ricardo Azcoaga) ha decretado la libertad con cargos para los citados y algunos presuntos implicados más se ecuentran declarando en el día de hoy, como es el caso del Director General de SDAE (José Neri), presunto cabecilla en la trama denominada “Saga”. Aun así considera que hay indicios de delito de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario.

 

El escándalo ya está en la calles del mundo y mientras la balanza se inclina más hacia el escarnio público que hacia la presunción de inocencia de los imputados. Una nube de tags en contra de los directivos ha nublado las elecciones celebradas en la entidad de gestión la cual, según un comunicado ofrecido a la medianoche del domingo, parece retomar la normalidad . Cierto es que la entidad en cuestión, tal y como la conocemos históricamente (aquella que se instituyó en 1941 tras la Ley de Propiedad Intelectual de 1879) nace con el fin de recaudar, por mandato legal, los derechos generados por las obras de los autores españoles y extranjeros a través de los medios de fabricación, comunicación, distribución que iban surgiendo, desde el disco de pizarra, hasta las descargas en itunes, pasando por la televisión y las funciones teatrales, ademas de las polémicas bodas y peluquerías. Ha servido para que muchos autores puedan vivir dignamente de su trabajo. Ya que además de cumplir una función emocional con sus creaciones (como es estimular los sentimientos e incrementar el nivel cultural de un país) también cumplen funciones complementarias en otros sectores comerciales a los que ayudan e incluso ofrecen un valor añadido por el hecho de existir, como es el caso de la música. Pero la historia y la función de las entidades de gestión todos las entendemos y las respetamos como símbolo de prosperidad de nuestros autores, escritores, músicos, cantantes, actores, productores, pintores, cineastas, coreógrafos… En definitiva, del escaparate artístico y cultural de nuestro país ante nosotros y ante el mundo, sea en su forma real o en su, ya cotidiana, ampliación virtual.

 

La cuestión, es otra. ¿Que ocurrirá ahora en SGAE?. El propio Pedro J. Ramírez ofrecía en su Twitter  un artículo de la editorial de El Mundo titulado: “Teddy Bautista no debe seguir en la SGAE”. Con el que lanzaba una primera respuesta, animando al foro a expresar su conformidad. Bien, pues he dedicado unas horitas a investigar ese supuesto y es algo complicado para sintetizarlo en un artículo. Porque es un supuesto encuadrado dentro de la estructura interna de unos estatutos propios de una asociación (que suelen ser muy farragosos) aprobados por el Ministerio de Cultura.

 

En la SGAE, además de los socios, como toda asociación, tiene una directiva, unos órganos internos que forman una estructura que se acerca, más que a lo Ministerial, a lo Gubernamental, por su importancia y responsabilidad ante los autores. Para entender mejor los supuestos que a continuación se van a exponer en este informe. SGAE está formada por una Asamblea General donde participan los socios (autores, herederos y editores), una Junta Directiva (que es el órgano de gobierno en si, formado por 38 miembros), el Consejo de Dirección (encargado de la administración ejecutiva de la sociedad formado por el Presidente y 12 miembros de la Junta Directiva), el Presidente de la Sociedad (también de la Junta Directiva. Un cargo de carácter mas bien honorífico) y el Presidente del Consejo de Dirección (representante ejecutivo de la Junta Directiva y de la gestión ante terceros).

 

Conociendo el mapa de la estructura de Gobierno. En el supuesto de que el Presidente del Consejo de Dirección (en este caso Teddy Bautista) fuera sustituido por algunas de las causas señaladas en los estatutos de SGAE, sería sustituido, en todos los derechos y funciones previstos, por el Director General (Enrique Loras) y a este le tendría que sustituir el Secretario General. No obstante, la duración de los cargos de la Junta Directiva puede resolverse en el caso que se incurriese en sanción por falta muy grave.

 

Existe otro supuesto que afecta al origen de la participación en dicha sociedad. Me estoy refiriendo a la perdida de la cualidad de socio de la SGAE. Son dos los motivos principales para que esto suceda, en primer lugar, por denuncia total del contrato de gestión (referido este al acuerdo suscrito entre el socio y la entidad de gestión) y en segundo lugar, por exclusión.  En ambos casos, el ex-socio tiene la obligación de devolver de inmediato a la Sociedad todo lo que hubiera recibido de esta a cuenta de sus derechos, además de pagar las deudas que tuviese pendientes. La exclusión como socio de la entidad de gestión, está sujeto a un régimen disciplinario de Sanciones y aunque no afecta a su contrato de gestión, se le excluyen en el ejercicio de sus derechos de voto en la Asamblea General así como el sufragio activo y pasivo en la designación de los miembros de la Junta Directiva.

 

Las sanciones vienen divididas por clases según su gravedad. Son faltas muy graves, en primer lugar, la comisión de cualquier delito doloso contra la Entidad, su personal o cualquiera de sus miembros, así como contra sus patrimonios. Por esta causa las sanciones impuestas por los estatutos de SGAE y que tienen efecto acumulativo causan la suspensión del derecho de asistencia a Asambleas Generales y sufragio activo y pasivo en la designación de los miembros de su Junta Directiva, como anticipábamos anteriormente, por un periodo máximo de diez (10) años. Además de la consiguiente perdida de la condición de miembro de la Sociedad y una pena pecuniaria de máximo 18.000 €.

 

En el caso que ocurriera un supuesto de estas características el procedimiento a seguir comienza con una apertura de expediente a través de denuncia de un miembro de SGAE o la Administración (del Estado, se supone). Todo ese tramite lo llevaría a cabo un Comité Disciplinario formado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, asistido por abogado de la entidad que hará la función de Secretario. Tras la notificación al sancionado y pasados los 10 días hábiles para interponer sus alegaciones, el Comité por mayoría ha de tomar las decisiones y practicar las pruebas que considere necesarias hasta formular una Propuesta de Resolución que, junto con todo el expediente, el Consejo de Dirección analizará hasta adoptar la resolución que es inminentemente ejecutiva. Contra esta cabe recurso por parte del miembro sancionado en los cinco (5) días hábiles a su notificación. También el sancionado puede impugnar la decisión cuarenta (40) días después tal y como recoge la Ley de Asociaciones.

 

En todo caso los Estatutos permiten las composición de una Comisión de dictámenes y conflictos, formada por nueve (9) miembros nombrados por la junta directiva que actúa a través de tres secciones: Deontológica, Técnica y de Mediación.

 

Una situación nueva se plantea en este informe jurídico desarrollado al mas puro estilo del caso practico. Toca devanarse los sesos como ya lo han hecho Pablo Hernandez (Director de los servicios jurídicos de SGAE) y Francisco Galindo (Secretario General) quien lideran un nuevo plan consistente en que los miembros de la futura Junta Directiva planteen una comisión gestora que sustituya a Eduardo Bautista en la dirección de la entidad, según describe un articulo de El Pais. A pesar de que lo ocurrido estos últimos días con la directiva de SGAE es un suceso sui generis, que no aparece reflejado en sus estatutos. Los juristas recomendamos interpretar los mismos para evitar dejar la entidad, en el caso que un Juez así lo fallase, sin un brazo ejecutivo que en cadena ha sido imputado por delitos penales que suponen de por si una falta grave. Motivo mas que suficiente para resolver la duración de los cargos, según los estatutos y convocar una Asamblea Extraordinaria donde se estudie la necesidad o no de una moción de censura o equivalente que dignificara el estandarte de una institución histórica.

 

 

 

D. Antonio Gabriel López Herreros

Jurista de Propiedad Intelectual e Industrial

Colegiado 74535 ICAM